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Comunicado: Campaña Todo Chile por la Anulación de la Ley de Pesca

Comunicado: Campaña Todo Chile por la Anulación de la Ley de Pesca

Desde febrero de este año 2015, el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), organización nacional de pescadores artesanales y el Centro Ecoceanos, viene impulsando una campaña por la anulación de la actual Ley N°20.657 de Pesca y Acuicultura, también conocida como Ley Angelini-Longueira, por ser una ley corrupta y delincuencial en su origen; Por haber privatizado bienes comunes de todos los chilenos, como son los recursos pesqueros; Y por mantener sin derechos de pesca al 90% de los pescadores artesanales que no son dueños de embarcaciones.

Esta campaña ha contemplando acciones judiciales contra parlamentarios corruptos, la recolección de 300 mil firmas exigiendo la anulación de pesca y movilizaciones de pescadores artesanales en distintas regiones del país.

A esta campaña por la Anulación de la Ley de Pesca nos hemos sumado un conjunto de organizaciones de estudiantes, pobladores y de trabajadores de la Región Metropolitana, que estamos organizando juntos un acto cultural masivo que hemos llamado “Lolamerluza Santiago 2015”, para el día sábado 24 de octubre, entre las 12:00 a 18:00 hrs., en la Plaza Almagro de nuestra ciudad.

Las razones de nuestra exigencia por la Anulación de la Ley Angelini-Longueira se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. Consideramos que la Ley de Pesca debe ser anulada, por ser una ley corrupta en su origen, basada en el cohecho, el soborno y los conflictos de intereses de actores sociales, parlamentarios y autoridades del Estado involucrados en su tramitación y aprobación.

Parlamentarios con intereses económicos en la industria pesquera no se inhabilitaron durante la discusión y votación de la Ley.

Se está investigando por cohecho y soborno a los parlamentarios Marta Isasi y Jaime Orpis (UDI) y a un llamado “Frente del Norte”, bancada transversal de parlamentarios que operó a favor de la industria durante la tramitación de la ley. Extraoficialmente, son aproximadamente 20 parlamentarios que están siendo investigados por la fiscalía.

Se está investigando judicialmente la denuncia del pago de 500 millones de pesos por parte de Corpesca a los senadores integrantes de la Comisión de Pesca del Senado el 2012.

Se ha confirmado que la industria pesquera pagó directamente a parlamentarios y asesores del ex ministro Longueira más de 200 millones de pesos durante la tramitación de la Ley, situación que se encuentra bajo investigación judicial.

A raíz de otras investigaciones judiciales, se está investigando el financiamiento por $1.060 millones de pesos del grupo Angelini, -dueño de Corpesca – al equipo de pre-campaña del actual gobierno de Bachelet, que se comprometió a revisar la ley de pesca y eliminar la pesca de arrastre.

No se trata de “revisar” o “mejorar” la Ley Longueira, porque no se puede avalar ni ser cómplices en la mantención de la vigencia de una ley corrupta.

No solicitamos la “derogación” de la ley, porque eso significaría que el Estado deberá indemnizar económicamente a los industriales, por los derechos que ellos mismos se crearon con la Ley Longueira, y eso sería premiar el robo.

Es por esto que exigimos la anulación de la Ley Angelini-Longueira y la nulidad de cualquier efecto que esta ley haya creado, en términos de derechos indemnizables para los industriales.

2. La Ley Angelini-Longueira privatizó las pesquerías, que eran bienes comunes de todos los chilenos, asignando cuotas de pesca y concentrando su propiedad en 4 grandes empresas chilenas (Orizon, Camanchaca, Blumar y Marfood) que pertenecen a 7 familias (Angelini, Cifuentes, Santa Cruz, Izquierdo, Jiménez, Sarquis y Stengel).

Esta operación expropiatoria le ha permitido a un grupo minoritario de particulares, monopolizar las cuotas de pesca por 20 años renovables, lo que en la práctica es entregarles recursos valorizados en US$ 1.300 millones de dólares al año ($812.500.000.000 millones de pesos) de manera indefinida, en perjuicio del pueblo chileno y de los pescadores artesanales. Estas cuotas de pesca, además, son heredables, y se han convertido en instrumentos financieros, al ser transables en el mercado.

Al privatizar los bienes comunes de todas las chilenas y chilenos, el parlamento le ha creado ficticiamente a 4 grandes empresas y a sus 7 familias controladoras, derechos de propiedad cuya recuperación para el país, sin un proceso de anulación de la Ley de Pesca, costaría el valor completo de las reformas educacional y tributaria aprobadas el 2014, según cálculos de la propia autoridad .

3. La Ley Angelini-Longueira establece un modelo pesquero extractivo industrial destinado principalmente a la producción de harina de pescado, usada para producir alimento para salmones, truchas, cerdos, pollos y perros, restringiendo el uso de pescados para el consumo humano nacional y negando una fuente de alimento de bajo costo y altamente nutritiva por sus contenidos de Omega-3 y proteínas de calidad, para una mejor alimentación de las chilenas y chilenos.

En Chile, el promedio de consumo nacional de productos pesqueros y acuícolas alcanza los 10,2 kg al año por persona, siendo el promedio mundial 18 kg al año por persona, y estando los países de economía desarrollada sobre los 22 kg al año.

Nosotros consideramos que la prioridad en el uso de los recursos pesqueros, debe ser la alimentación de la población chilena, y para eso, es necesaria la soberanía alimentaria. Esto es, la propiedad y el control sobre nuestros propios recursos alimentarios.

4. La Ley Angelini-Longueira mantuvo la restricción de los derechos a cuotas de pesca sólo a los pescadores artesanales incluidos en la categoría de “armadores”, esto es, a los dueños de las lanchas. Los “armadores” constituyen solamente el 10% de las personas registradas como pescadores artesanales , por lo que la Ley Longueira sigue expropiando al 90% de los pescadores y pescadoras artesanales, sus derechos históricos de pesca . Son 54.503 personas y sus familias, que se dedican exclusivamente a la pesca artesanal .

De manera previa al envío del proyecto y la tramitación parlamentaria de la Ley de Pesca y Acuicultura, el ex ministro Pablo Longueira (UDI) organizó una mesa de colusión pesquera entre los representantes de la industria, agrupados en la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Asociación de Industriales del Norte (Asipnor), Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y las dirigencias de las dos organizaciones nacionales de pescadores artesanales existentes en ese momento, la Confederación Nacional de la Pesca Artesanal de Chile (Conapach) y la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach). En esta mesa, coordinados a puerta cerrada por la autoridad, los actores industriales y artesanales del sector, se repartieron entre ellos los recursos pesqueros pertenecientes al conjunto del pueblo de Chile.

Sin embargo, las dirigencias de la pesca artesanal no sólo se coludieron para repartirse bienes comunes que no les pertenecían, sino que traicionaron a sus propios asociados, al definirse en la ley que los titulares de los derechos de pesca serían exclusivamente los armadores artesanales, esto es, los dueños de las embarcaciones artesanales, dejando SIN DERECHOS de pesca al 90% de los pescadores artesanales del país, que antes de la Ley de Capturas Máximas por Armador (LCMA) del año 2002, participaban con cuotas en lo que se conoce como “la sociedad a la parte”, donde el respeto laboral entre trabajadores independientes existía porque ambas partes, armadores y pescadores, estaban en igualdad de condiciones. Con la Ley Angelini-Longueira, se obliga a los pescadores artesanales, a quienes se ha expropiado sus derechos de pesca, a transformarse en trabajadores asalariados y precarizados del “armador”.

5. La Ley Angelini-Longueira se tramitó de manera inconsulta a los pueblos Rapa Nui, Lafkenche, Williche y Kaweskar, desconociendo sus derechos tradicionales.

Durante la tramitación de la ley, el ejecutivo se negó a aplicar el Convenio 169 de la OIT, negando los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas, avalado por un dictamen del Tribunal Constitucional (TC), institución antidemocrática integrada por representantes cuoteados de los dos bloques políticos que gobiernan el país, uno de cuyos miembros también se encuentra actualmente bajo investigación judicial por financiamiento ilegal.

6. La Ley Angelini-Longueira NO asegura la recuperación de la biomasa pesquera ni la sustentabilidad de las pesquerías, que era su objetivo declarado: El 85,1% de las especies clasificadas se encuentran actualmente amenazadas , y a 3 años de su entrada en vigencia tenemos 16 pesquerías colapsadas o sobre explotadas (Merluzas, Congrios, Sardinas, Anchovetas, Jurel, Bacalaos, entre otros) y para otras 16 pesquerías no existen puntos biológicos de referencia (PBR), por lo que se desconoce su real estado de situación.

Esta situación de sobreexplotación y agotamiento de los recursos pesqueros –que son bienes comunes de todo el pueblo chileno-, tiene que ver tanto con el modelo pesquero extractivo industrial orientado principalmente a la producción de harina y aceite de pescado (se requieren 7 kilos de pescado para lograr 1 kilo de harina destinada a la producción de alimento para animales y acuicultura), como con las artes de pesca y prácticas utilizadas por la flota extractiva de las grandes empresas: La pesca de arrastre y de cerco, no discriminan entre la especie objetivo y la fauna acompañante, lo que produce una gran mortalidad de peces por descarte. Por ejemplo, se decreta la veda de la merluza, pero se sigue con la pesca de arrastre de langostinos, y se arrasa con la fauna acompañante, que entre otras, son las merluzas que todavía no están en edad de reproducción, las que son descartadas muertas al mar. Por otro, al situar la flota industrial en el borde de las 5 millas de protección artesanal (al haber ya arrasado las especies oceánicas, como el jurel), por su gran poder extractivo, no permiten que muchas especies, como la sardina o anchoveta, lleguen a las costas a completar su ciclo reproductivo, lo que afecta también a los pescadores de más pequeña escala, ya que, por ejemplo, las sardinas y las anchovetas son parte fundamental de la cadena alimentaria de otras especies como la Sierra, Corvina, Merluzas, Pejegallo, etc.

7. La Ley Angelini-Longueira NO regula los impactos contaminantes en el borde costero, de la operación de las industrias mineras, forestales, petroleras, termoeléctricas, reductoras (harina de pescado) y salmoneras, que afectan tanto a los pescadores artesanales, como a otras 54.979 personas y sus familias, que son buzos o dependen del cultivo y la recolección de algas y mariscos. Con esto, la corrupta ley de pesca termina por afectar negativamente a casi 90 mil pescadoras y pescadores artesanales y sus familias, y a las comunidades que viven en el litoral a lo largo de todo el país.

Habiendo cumplido ya una primera etapa de instalación de la campaña por la anulación de la Ley Angelini-Longueira, con querellas en trámite en el Poder Judicial y finalizando la recolección de firmas, pensada principalmente para movilizar a las comunidades costeras y a las organizaciones de pescadores artesanales, en un momento en que los dueños del poder y la riqueza comienzan a operar abiertamente para contener los procesos judiciales por corrupción y a operar para “revisar” y mantener la actual ley de pesca funcional a sus intereses económicos, queremos solicitar su apoyo, involucramiento y participación, para transformar la demanda por la anulación de la Ley de Pesca en una exigencia nacional, de trabajadores, artistas, pobladores, estudiantes, pueblos indígenas, por la recuperación de bienes comunes que nos pertenecen a todos y que son la garantía de soberanía alimentaria para las futuras generaciones.

Campaña Todo Chile por la Anulación de la Ley de Pesca

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