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Aborto tres causales y la autonomía de las mujeres

Aborto tres causales y la autonomía de las mujeres

Durante las últimas semanas y en medio de la discusión parlamentaria sobre el aborto en tres causales, hemos sido testigos obligadas de dos hechos comunicacionales que sin lugar a dudas muestran los modos diversos con los que la derecha facha-neoliberal construye realidades discursivas y por lo tanto realidades de poder.

El primero de ellos, la famosa declaración de la diputada UDI Marisol Turres y su salida de madres sobre “las violaciones no violentas” y la segunda, la instalación por parte de un grupo de ultraderecha llamado Informaaborto de una gigantografía en la Ruta 68 que compara el aborto con las torturas y la desaparición llevadas a cabo durante la dictadura. La cobertura mediática así como la nula respuesta por parte del gobierno y especialmente de la directora del Sernam, la militante del partido comunista Claudia Pascual, muestran no sólo la falta de liderazgo político de la ministra y del (no) lugar que tiene el PC al interior de la alianza de gobierno, sino que asimismo un hecho clave que nos enseñó hace décadas el filósofo francés Michel Foucault: que la verdad se construye a través de múltiples estrategias de poder.

Gigantografía generada por sectores conservadores antiaborto.

Gigantografía generada por sectores conservadores.

Pese a que la propuesta del gobierno expresa lo que algunxs han llamado la voluntad minimalista de la política pública tan propio del orden neoliberal, con estos gestos es claro que el debate a veces adquiere una cariz cuasi delirante y que no solo ponen en discusión el aborto mismo, sino que la particular definición que elabora la derecha y los sectores fundamentalistas en relación a la violación, que sin lugar a dudas es la causal que menos consenso genera, pero también la definición de violencia de Estado, en tanto para la derecha un genocidio llevada a cabo por una estructura de seguridad estatal organizada y puesta en práctica a través de los organismos policiales y militares sería lo mismo que una práctica individual y voluntaria sobre el propio cuerpo como el aborto. La falacia es tal, que esperaríamos entonces de acuerdo a ese razonamiento que las condenadas por aborto comenzaran a cumplir condena en la cárcel-hotel de Punta Peuco y no en la cárcel mazmorra de la Penitenciaria.

Para los medios alternativos como para las redes sociales así como para las mismas feministas, estas opiniones y gestos -que re –editan otras opiniones que han acompañado la discusión de más de 10 años- fue un verdadero escándalo, escándalo que en su naturaleza mediática y espectacular de alguna u otra forma ha venido a taponear aspectos sustanciales del proyecto, como por ejemplo el hecho de que aborto por tres causales, con opiniones de la derecha o sin ellas, en sí mismo es una derrota en la historia de las luchas del movimiento de mujeres. Aquí me propongo dar algunos cuestionamientos generales de una primera impresión del proyecto y que desde mi perspectiva es donde el acento debiese estar puesto.

Es claro que el proyecto se deslizó, bajo cuerda, de una demanda de despenalización del aborto -en todas sus formas-, a la versión más conservadora de las observaciones, reparos y exigencias que la Cedaw realizó al estado chileno en materia de aborto y derechos sexuales y reproductivos. Desde mi punto de vista la tramitación de este proyecto se vinculó más a mejorar la posición de Chile frente a la Cedaw en los términos que ha impuesto la iglesia y la derecha-empresarial, y que por lo mismo han impedido que Chile ratifique los acuerdos internacionales de tal protocolo. Por otro lado, el proyecto da una versión bastante particular de lo que la Convención sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, firmado por Chile, entiende por autonomía reproductiva. En todas sus formas, el proyecto desconoce la autonomía de las mujeres, en la medida en que es la decisión del médico y el personal sanitario los que tutelan la decisión y posibilidad de abortar, posicionando a las mujeres en verdaderas menores de edad de acuerdo a la misma lógica jurídica ilustrada/moderna basada en la idea de Kant de la mayoría de edad como la capacidad de valerse del propio entendimiento.

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En el caso de aborto terapéutico, la mujer se ve obligada a desplazar su autonomía de mujer adulta a la decisión médica, en tanto se intenta colocar la cuestión de la inviabilidad del feto o el riesgo para la madre en una cuestión puramente bio-médica, “olvidando” que en un embarazo no deseado por cualquier motivo es un factor de riesgo también para la salud mental de las mujeres y para lxs futuros niñxs. El residuo de autonomía que produce esta ley es que el estado no puede obligar a una mujer a abortar por razones eugenésicas, ocultando en una doble moral que el estado no necesita obligar a las mujeres a abortar, pues existe el procedimiento anterior que es la esterilización forzada en los casos, por ejemplo, de discapacidad mental de las mujeres o mujeres que viven con VIH/SIDA, casos que han sido documentados y que la derecha y los pro-vida nunca han mostrado el más mínimo gesto de repudio.

En el caso de aborto por causal de violación es más complicado todavía y aquí interpelo a la posición de Sernam en tanto al parecer el proyecto no considera la problematicidad de la violencia sexual misma, las cifras que el mismo Sernam maneja así como los diagnósticos y estudios que se han realizado en torno a la fenomenología de la violación en Chile.

Pensemos que el proyecto define esta tercera causal de la siguiente forma “cuando el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo del delito de violación.” Que sea un hecho constitutivo de violación significa comprobar una violación. Sabemos de las dificultades que trae para las mujeres adultas comprobar un hecho como la violación pues para el sistema penal o médico hay una definición estrecha de lo que es un “hecho constitutivo de violación”, como por ejemplo la violencia sexual en el matrimonio que si bien es una de las principales formas de violación a las mujeres adultas en Chile y causal de embarazos no deseados, no está tipificada como delito ni como experiencia de violación para la sociedad. Si quisiéramos llevar este razonamiento a sus últimas consecuencias, el feminismo nos ha enseñado que el mismo matrimonio es un “contrato sexual” (Pateman), en el cual las biomujeres intercambian posición y existencia social por trabajos sexuales y de cuidado gratuitos.

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Dado, por otro lado, que el mismo proyecto obliga a las mujeres a realizar el aborto durante los primeros tres meses de embarazo, se asumió, por sentido común, que comprobar una violación en el sistema penal demora mucho más que ese tiempo, por lo que entonces surge la pregunta ¿quién garantiza entonces que algo sea un hecho constitutivo de violación?, nuevamente el proyecto re-envía la posibilidad de decidir en el poder médico, el proyecto es claro: “Así, la regla general es que se requiere el diagnóstico de un(a) médico(a) cirujano(a), ratificado por el de otro profesional.” En el punto 3 “Destacar el rol de los prestadores y profesionales de la salud” . Subtitulo a : “En la información sanitaria para una decisión consiente” se señala que “El proyecto prevé, cualquiera sea la causal invocada, la obligación del prestador de salud de otorgar información veraz. Ésta se establece como una instancia a partir de la cual el discernimiento de la mujer se acompaña de toda la información que necesita para tomar una decisión”.

Erróneamente el proyecto asume que los médicos entregan la información suficiente y también asume que los médicos y personal sanitario son un órgano competente en materias de Derechos Sexuales y Reproductivos y finalmente neutrales en términos de moralidad sexual y reproductiva. En un estudio en el cual participé como investigadora hace un par de años, concluimos que los operadores en salud no conocen los derechos sexuales y reproductivos y no logran desvincular la autonomía en salud y sus propias visiones de mundo, familia, moralidad, etc. y que por el contrario el sistema médico más que garantizar el acceso igualitario a la salud desde una perspectiva de las autonomía, es una de las principales panópticos de cuerpo y deseo de las mujeres a través de estrategias vigilancia y castigo de las actuación y decisiones de las mujeres.

Por otro lado la realidad sobre la violación en Chile es conocida: el espacio por excelencia de la violencia sexual hacia niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores es el espacio doméstico y en su mayoría no son denunciadas. El caso de las adolescentes es dramático pensemos que de acuerdo a la Cepal en la región entre el 70% y el 90% de las madres de 12 a 16 años han quedado embarazadas como consecuencia de una violación perpetrada por familiares directos. Similar información proporciona una organización no gubernamental costarricense, según la cual el 95% de las embarazadas menores de 15 años que fueron atendidas eran víctimas de incesto.

Frente a esta realidad el proyecto otorga nuevamente al médico el poder de decisión sin considerar que otros estudios tanto nacionales como internacionales hablan del verdadero fracaso e inadecuación de la respuesta del sector salud a la violencia contra las mujeres que se ejerce al interior de las familias. El proyecto asume garantías en salud en la violencia sexual, en un contexto en que la violencia sexual misma no ha sido bien abordada por el sector ni por la sociedad en su conjunto, en que se aprecia una falta de información y preparación del personal sanitario y sobre todo, que es lo más preocupante, una falta de sensibilización y competencia a este tipo de problemáticas que tienen que ver con el orden socio-cultural y no con un problema bio-médico. Asimismo todas estas dificultades se despliegan en un contexto sanitario en crisis y pensado desde una lógica minimalista neoliberal, que violenta a las mujeres a través del maltrato, la falta de atención, las negligencias, la falta de camas, la falta de medicamentos, la falta de apoyo psicológico, etc cuestión que ha llevado a producir un nuevo campo de estudio y la necesidad de conceptualizar nuevas formas de violencia, como la violencia obstétrica.

Asimismo estudios en el ámbito jurídico han mostrado como el relato de las mujeres y la veracidad de los testimonios son constantemente puestos en duda en los tribunales de familia y fiscalía. Más aun pongamos el caso, que para evitar esto, el proyecto considere como norma técnica constatar las causales a través de un peritaje sexual realizado por un médico. Los peritajes físicos de la violación tienen el sesgo de un imaginario de aquella realizada a través de la violencia física–y por un desconocido- insistimos, los casos de embarazos no deseados por violación en Chile ocurren al interior de las familias, y en el caso de la violación marital no necesariamente a través de coacción física sino que a través de chantaje económico, emocional o amenazas entre otras formas, es decir a través de medios invisibles a los peritajes físicos. En ese sentido quizás la diputada tenga razón en el sentido de que hay violaciones que no dejan huellas.

Finalmente, la elaboración del proyecto y la misma posición de Sernam no ha considerado desde ningún punto de vista las propuestas de los grupos de mujeres organizados, las experiencias y los saberes de las mujeres, tampoco los estudios que se han llevado a cabo desde las articulaciones entre academia y organizaciones sociales, por el contrario las mujeres nuevamente han sido excluidas de los “pactos patriarcales” actualmente neoliberales, pensando además que el congreso no es el mejor representante en lo que refiere a igualdad de género. Esta ley expresa la misoginia del Estado y de los sectores políticos, inclusive de los sectores autodenominados progresistas que no han hecho nada por descalificar esta ley que en su esencia atenta contra la autonomía de las mujeres y por supuesto también a los mismos proyectos feministas y la falta de autocrítica en términos de alianzas y estrategias que se dirijan más allá de nuestros ombligos y nuestras micro políticas que a estas alturas devienen nimias-políticas en tanto las leyes también expresan los juegos de fuerza de una sociedad y las luchas por la hegemonía.

Claudia Calquín // Psicóloga.

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